Antes de que concluya este mes o no más tarde de marzo próximo, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) someterá a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y posteriormente, ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), la lista de desarrolladores de energía renovable que ya han acordado vender electricidad a la corporación pública por menos de 10 centavos el kilovatio hora (kvh), reveló el director ejecutivo, José Ortiz.

Según Ortiz, los proyectos negociados podrían representar sobre 500 megavatios y algunos de estos podrían entrar en línea dentro de poco más de un año, pues poseen permisos, ya efectuaron los estudios de interconexión, tienen una ubicación geográfica definida.

“Hay 16 proyectos renegociados, algunos con una duración de hasta 9 años y hemos logrado que estos proyectos se hagan por debajo de 10 centavos kvh, un costo más bajo que las plantas actuales de la AEE”, aseguró el ingeniero haciendo referencia al tope de costo que requirió la JSF.

Los comentarios de Ortiz fueron la respuesta del director ejecutivo de la AEE a una carta que su contraparte en la JSF, Natalie Jaresko, envió a la junta de gobierno de la corporación pública cuestionando el retraso en la negociación de nuevas contrataciones para la compra de energía renovable.

La inacción penaliza a la gente, según la JSF

La JSF divulgó la carta este martes, cuando el organismo fiscal arremetió contra la AEE, señalando que ante su inacción, la gente continúa siendo penalizada, pagando mes tras mes una factura eléctrica “insostenible”.

En la carta de dos páginas, Jaresko le dio al presidente de la junta de gobierno de la AEE, Ralph A. Kreil Rivera, siete días para que le indique qué ha hecho la AEE desde noviembre pasado, cuando se aprobó una resolución para reanudar las conversaciones con empresas interesadas en vender energía renovable a la corporación pública.

“Reiteramos que cada día que se retrasa el uso de energía renovable es un día adicional en que los abonados de la AEE son privados de los beneficios ambientales y económicos que estos recursos proveen”, dijo Jaresko en una misiva con fechadel pasado 11 de febrero.

Alrededor de unos 16,000 hogares en Puerto Rico han instalado sistemas de energía propios, incluyendo baterías para almacenar la electricidad que generan, en un intento por conseguir la certeza que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya no puede proveerles, según varios expertos que participan del proceso de análisis del Plan Integrado de Recursos (PIR).

Y el número de consumidores que generará electricidad en sus hogares o comercios continuará en aumento, aseguró el presidente de Windmar Energy, Víctor González, quien estimó que solo este año, podrían instalarse alrededor de 30,000 baterías en hogares a lo largo y ancho de la isla.

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Patrick J. Wilson, presidente de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, en inglés), coincidió con González al plantear que si la tendencia continúa, tan pronto como en diez años, alrededor de 100,000 hogares en la isla contarán con sistemas de generación propia.

Si esos números se concretan, dijo Wilson, los sistemas en los techos de hogares, negocios y condominios a lo largo y ancho de Puerto Rico podrían generar unos 500 megavatios o el equivalente a una instalación de gran escala en la flota de la AEE.

“La gente está buscando resiliencia. Lamentablemente, la AEE ya no puede proveer la confiabilidad que el consumidor necesita”, indicó González.

“Si se aprueba el RSA (acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE) y se establece un impuesto solar, mucha gente comprará paneles y baterías adicionales para desconectarse de la red”, agregó el empresario, haciendo referencia al pacto entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los bonistas organizados de la corporación pública.

“La ciudadanía está buscando resolver sus problemas sin contar con el gobierno, incluido en eso, la AEE”, sostuvo por su parte, Agustín Irizarry, ingeniero eléctrico y profesor de Potencia Eléctrica en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

Las expresiones de González, Wilson e Irizarry se produjeron durante el segundo día de vistas del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) acerca del PIR, documento que traza la ruta operacional que la AEE procura seguir por las próximas dos décadas.

El PIR y el pacto con los bonistas

El NEPR examina el PIR de la AEE al tiempo que la corporación pública busca poner fin al impago de su deuda mediante un proceso de bancarrota a través del Título III de Promesa.

Mientras la JSF vislumbra que el RSA actual es la alternativa para sacar a la AEE de su crisis financiera y transformar sus operaciones, ayer, la discusión del PIR dejó a la luz que el cargo de transición que requiere dicho acuerdo antagoniza con la transformación que se produce en Puerto Rico en términos energéticos y con la política de fomento a la energía renovable que se legisló hace unos cinco años y que se validó con la Ley Política Pública Energética aprobada el año pasado.

En principio, la AEE está obligada por ley a generar la mitad de la demanda eléctrica de fuentes renovables, pero la utilidad tendrá que decidir cómo alcanzar ese objetivo y a su vez, suplir electricidad de manera consistente.

La versión más reciente del PIR plantea que el camino más beneficioso para la AEE es aquel que conceda más peso a la generación con fuentes renovables, incluyendo el uso de microrredes. La idea general, según el ejecutivo de Siemens Energy y consultor de la AEE, Nelson Bacalao, es que la nueva flota eléctrica de la AEE esté lo más cerca posible del lugar donde se consume la electricidad. El uso de fuentes renovables, a su vez, debe estar acompañado de un sistema de almacenamiento de electricidad, lo que, desde la perspectiva de Siemens, daría a la AEE, la capacidad de un sistema eléctrico con la estabilidad necesaria para satisfacer la demanda de hogares y negocios.

El senador y portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el senado, Eduardo Bhatia, denunció el martes, que un informe que supuestamente el gobierno intentó no se hiciera público, confirma sus señalamientos sobre el efecto tóxico que tendría para Puerto Rico el acuerdo de reestructuración de deuda entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sus bonistas, (RSA por sus siglas en inglés).

El informe concluye que el acuerdo obligaría a la Autoridad a aumentar en al menos un 5 por ciento cada año la tarifa de energía eléctrica y que son totalmente irreales las promesas de la gerencia de que podrán eliminar el impacto de estos aumentos con eficiencias operacionales.

«El gobierno, controlado por el Partido Nuevo Progresista y la Junta de Supervisión Fiscal, se opuso a que se divulgara este informe, pero fracasaron en este nuevo intento de ocultarle la verdad al pueblo de Puerto Rico», expresó Bhatia en comunicación escrita.

Explicó que el informe – preparado por la prestigiosa firma London Economics International – describe la situación financiera de la Autoridad como un espiral de muerte. «Los aumentos brutales en las tarifas de la AEE, que pagaríamos por muchas décadas, amenazan con destruir la economía de nuestras familias y empresas, y no sacarían a la entidad de este ciclo vicioso,» continuó Bhatia.

Señaló, por otro lado, que el RSA incluye un impuesto al sol – prohibido por la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, Ley 17-2019, de la que es coautor – y representa un obstáculo para que las familias y negocios puedan hacer la transición hacia energías renovables.

«A un costo inaceptablemente alto, nos obligará a tratar de rescatar un modelo energético que ya fracasó y que tenemos que cambiar», explicó Bhatia.

«Bajo estas circunstancias, sería un acto de negligencia criminal que se acceda a comprometer a Puerto Rico bajo este acuerdo. Es igualmente inaceptable que el gobierno y la Junta intentaran esconder este informe. Sea amarga o dulce, hay que hablarle con la verdad al pueblo,» continuó el senador.

«Este informe debería ser la sentencia de muerte del nefasto acuerdo con los bonistas de la AEE que este gobierno ha apoyado. Daré la batalla, junto a amplios sectores comunitarios, ambientales, empresariales, y políticos, para que el mismo no sea aprobado», concluyó.